Los beneficios y retos de la adopción de pliegos de condiciones tipo para la promoción de la integridad y competencia en el Sistema de Compra Pública colombiano

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Pliegos tipo como instrumento para la transparencia en la contratación estatal en Colombia

CD-T 346.023 C157; 22 pLa implementación de los pliegos tipo en Colombia se ha constituido en la alternativa normativa que el gobierno nacional ha encontrado para hacer frente a la corrupción en la contratación pública. El presente artículo analítico reflexivo aborda el contexto jurídico que rodea la decisión del gobierno nacional, enmarcada en el Decreto 342, que entro en vigencia a partir del 1° de abril de 2019, y que tiene como objetivo central estandarizar los procesos de contratación estatal en el territorio nacional a través de pliegos tipo; igualmente, el análisis contempla un estudio de las posibles implicaciones de su aplicación dentro del contexto de corrupción que ha caracterizado este tipo de adjudicaciones en Colombia.Universidad Libre Seccional Pereir

La Compra Pública de Innovación (CPI) como herramienta para promover la compra de productos y servicios innovadores en el Perú

En la última década se ha puesto de manifiesto los grandes retos que los Estados enfrentan para satisfacer sus necesidades y la forma y oportunidad en que atienden a sus ciudadanos, estos últimos años con más pujanza por la Pandemia Sanitaria ocasionada por la COVID, ha quedado en evidencia la ineficiencia en la que algunos sistemas públicos se encuentran; es por ello, que resulta imperioso que la administración pública adopte herramientas que le permitan mejorar su sistema de contrataciones y abastecimiento, de tal manera que estos puedan evolucionar para ser más eficientes de manera transversal a todas las Entidades Públicas. Una de las herramientas de alto potencial utilizada en EE. UU. y Europa, es la Compra Pública de Innovación, la que pretende ocasionar un cambio en la cultura administrativa de la contratación pública, además de crear una sinergia entre el sector público y el sector privado (una verdadera cooperación), buscando las mejores soluciones a las necesidades públicas, para promover la compra de productos y servicios innovadores. Resulta lógico, que el Estado Peruano no quede fuera de la jugada, más bien por la capacidad de gasto que tiene, debe ser el primer consumidor de estas tecnologías innovadoras, pues la innovación es un factor clave para la competitividad y el desarrollo sostenible de un país. Para ello, es indispensable que el Estado Peruano incorpore dentro su normativa de contrataciones, mecanismos legales para promover la contratación de servicios y productos innovadores en la contratación pública, mediante directrices claras, políticas, guías, además de la adopción de procedimientos de selección, que permitan incluir al factor de la innovación con la finalidad de realizar una compra pública estratégica. Sabemos que la implementación de esta forma de contratación trae consigo varios retos y requiere de un esfuerzo político enérgico, así como de todos los partícipes dentro del proceso de selección; sin embargo, con pasos pequeños pero constantes, podemos llegar a contar con un sistema de contrataciones transparente, integro, eficiente, oportuno y que maximice los recursos públicos

Análisis del proceso de contratación estatal con la problemática de la corrupción a la luz de los modelos de auditoria en estándares internacionales

Analizar el proceso de contratación estatal con la problemática de la corrupción a la luz de los modelos de auditoria en estándares internacionales."La corrupción en Colombia se encuentra en diferentes funciones estatales y va ligada también al sector privado. En la contratación estatal se observa mayor injerencia de esta mala práctica, en especial por la ejecución de los recursos públicos. Por ello, la problemática de usar procesos licitatorios con esquemas que beneficien intereses particulares, al punto que las mismas empresas tienden a realizar cambios a los términos contractuales, a pagar sobornos, crear monopolios o manipular información para favorecimiento de contratos, es cada vez más frecuente, que restringe la libre competencia y marcan una posición dominante al ser únicos proponentes en proyectos públicos. La Ley 80 de 1993 da un marco normativo de lo concerniente a la contratación estatal. Un Estado débil da oportunidad a la corrupción, por sus falencias e ineficiencias en los sistemas de control político, por la injusticia e impunidad, dificultades para desagregar funciones públicas (descentralización), y una escasa participación ciudadana en las decisiones públicas. Los graves escándalos ocurridos en los últimos años, como los casos de Dragacol, Reficar y Odebrecht, han generado una ola de desconfianza y malestar de los ciudadanos, en las instancias del poder político e incluso en el mismo sistema económico."Corruption in Colombia is found in different state functions and also linked to the private sector. In the state contracting, the greater intervention of this practice is observed, especially for the execution of public resources. Therefore, the problem of using bidding processes with schemes that benefit particular interests, to the point that good companies, to make changes to contractual terms, to pay bribes, create monopolies or manipulate information to favor contracts, is increasingly frequent, that restricts free competition and marks a dominant position in being proponents in public projects. Law 80 of 1993 gives a normative framework concerning the state contracting. A weak State of opportunity, its failures and inefficiencies in the systems of political control, by injustice and impunity, the difficulties in disaggregating public functions (decentralization), and scarce citizen participation in public decisions. The serious scandals that have occurred in recent years, such as the cases of Dragacol, Reficar and Odebrecht, have generated a wave of mistrust and discomfort among citizens, in the instances of political power and even in the economic system itself

Análisis del proceso de contratación estatal con la problemática de la corrupción a la luz de los modelos de auditoria en estándares internacionales

Analizar el proceso de contratación estatal con la problemática de la corrupción a la luz de los modelos de auditoria en estándares internacionales."La corrupción en Colombia se encuentra en diferentes funciones estatales y va ligada también al sector privado. En la contratación estatal se observa mayor injerencia de esta mala práctica, en especial por la ejecución de los recursos públicos. Por ello, la problemática de usar procesos licitatorios con esquemas que beneficien intereses particulares, al punto que las mismas empresas tienden a realizar cambios a los términos contractuales, a pagar sobornos, crear monopolios o manipular información para favorecimiento de contratos, es cada vez más frecuente, que restringe la libre competencia y marcan una posición dominante al ser únicos proponentes en proyectos públicos. La Ley 80 de 1993 da un marco normativo de lo concerniente a la contratación estatal. Un Estado débil da oportunidad a la corrupción, por sus falencias e ineficiencias en los sistemas de control político, por la injusticia e impunidad, dificultades para desagregar funciones públicas (descentralización), y una escasa participación ciudadana en las decisiones públicas. Los graves escándalos ocurridos en los últimos años, como los casos de Dragacol, Reficar y Odebrecht, han generado una ola de desconfianza y malestar de los ciudadanos, en las instancias del poder político e incluso en el mismo sistema económico."Corruption in Colombia is found in different state functions and also linked to the private sector. In the state contracting, the greater intervention of this practice is observed, especially for the execution of public resources. Therefore, the problem of using bidding processes with schemes that benefit particular interests, to the point that good companies, to make changes to contractual terms, to pay bribes, create monopolies or manipulate information to favor contracts, is increasingly frequent, that restricts free competition and marks a dominant position in being proponents in public projects. Law 80 of 1993 gives a normative framework concerning the state contracting. A weak State of opportunity, its failures and inefficiencies in the systems of political control, by injustice and impunity, the difficulties in disaggregating public functions (decentralization), and scarce citizen participation in public decisions. The serious scandals that have occurred in recent years, such as the cases of Dragacol, Reficar and Odebrecht, have generated a wave of mistrust and discomfort among citizens, in the instances of political power and even in the economic system itself

Propuestas para el cumplimiento de principios en contratación estatal colombiana estudio basado en el “Observatorio de Objetividad en la Contratación Estatal de Infraestructura” (OOCEI)

Las entidades estatales en Colombia se caracterizan por la amplia discrecionalidad que tienen para diseñar las condiciones de sus procesos contractuales, por la carencia de procesos estandarizados y uso de herramientas sistémicas fundamentadas en conceptos técnicos en materia de contratación, delegando esta responsabilidad en los funcionarios responsables de la contratación, quienes gozan de amplia autonomía para establecer los requisitos de presentación, participación y evaluación de las ofertas, basados en su “buen criterio”, en “su sentido común” o en criterios legados por sus antecesores; lo cual conlleva frecuentemente al incumplimiento de principios constitucionales y contractuales tales como igualdad, libertad de concurrencia, selección objetiva, proporcionalidad y transparencia; poniendo en riesgo el alcance de los fines del Estado y de los planes de desarrollo -- Con este escrito se plantean propuestas basadas en la estadística, en el Juicio de Proporcionalidad y en el Test de Igualdad, que permiten a entidades, funcionarios, proponentes, e interesados en la contratación, construir (o evaluar), con argumentos técnicos, requisitos contractuales respetuosos de los principios mencionados -- Este estudio tiene su origen en un Observatorio de Contratación Estatal, identificando los requisitos de contratación considerados con mayor frecuencia inconvenientes por esa publicación y sometiéndolos a esos instrumentos de evaluación, con los cuales se ratifica su inconveniencia -- Las propuestas se orientan a la suscripción de pactos por la transparencia en los que se incluyan buenas prácticas en la contratación, a la adopción de pliegos de condiciones únicos, a la formación y capacitación de funcionarios públicos, al fortalecimiento de la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública y se incluye además una iniciativa legislativ

Propuesta de lineamientos estratégicos en compras públicas sostenibles para la universidad tecnológica de Pereira

Este trabajo está dirigido a que la Universidad Tecnológica de Pereira, involucre las compras sostenibles en la gestión institucional, como un proceso necesario para orientar el consumo de la universidad hacia la sostenibilidad en el uso de bienes y servicios, considerando a través del enfoque del ciclo de vida, criterios ambientales, sociales y económicos que garanticen la sostenibilidad en el consumo y la producción de cada bien o servicio adquirido. Con los patrones insostenibles de producción y consumo aun presentes en la sociedad y la economía, y el compromiso de la universidad por hacerle frente a los problemas ambientales, asumiendo el reto de un campus sustentable; este trabajo se propone aterrizar la estrategia nacional de Compras Públicas Sostenibles en la institucionalidad de la Universidad Tecnológica de Pereira; partiendo del ejercicio práctico de trabajar los criterios de sostenibilidad en 5 bienes de consumo (café, papel, detergentes, lapiceros y marcadores); los cuales pasaron por un proceso metodológico en CPS de priorización, selección, evaluación y análisis de fichas técnicas con criterios de sostenibilidad; hasta abordar el ciclo de vida y la manera de incorporar estos bienes al proceso de gestión de compras de la institución. Con demostrar la aplicabilidad de las compras sostenibles, resultados de los bienes y servicios con criterios de sostenibilidad, y los beneficios y oportunidades para la universidad; este trabajo muestra la forma de incorporar un proceso de Compras Sostenibles Institucionales, articulando la Gestión Ambiental Universitaria y la Gestión de Compras de Bienes y Suministros, que concluye con la elaboración de lineamientos en Compras Sostenibles Institucionales, cuyo sentido estratégico es la construcción a futuro de un instrumento de planificación en CSI para la Universidad Tecnológica de Pereira

Territorialización del estatuto anticorrupción en Colombia. Un análisis desde los mapas de riesgo de corrupción (2017)

En los últimos años se reconoce el incremento de investigaciones judiciales asociadas a casos de corrupción tanto en el sector público como en el privado. La mayoría de ellas, han sido visibilizadas por los medios de comunicación, lo que genera escándalos mediáticos que impactan la confianza del ciudadano en lo público y sus instituciones. Esta tendencia mundial se ilustra para Colombia con casos como el Carrusel de la contratación en Bogotá, los recobros en el sistema de salud, Interbolsa, los Panamá Papers y, recientemente, los sonados procesos de Obredecht y el Cartel de la Toga. Este último para referirse al escándalo de corrupción en la justicia. En el nivel internacional, el último reporte del Índice de Percepción de la Corrupción –IPC- de Transparencia Internacional muestra riesgos de los países frente a la percepción de corrupción. Según el reporte, ningún país de los 176 evaluados en este índice se acerca a una puntuación del 100% en el 2016, siendo de 43 el promedio global, lo que ubica a la corrupción como un fenómeno endémico de lo público con efectos tangibles en la confianza ciudadana (Transparencia Internacional, 2016). Colombia aportó a la tendencia mundial. En los últimos años el país se mantiene en los puestos más bajos del índice en el que ocupa el puesto 90 de 176 países para el 2016. Su puntaje en los últimos cinco años ha permanecido constante aún con las recientes reformas para luchar contra la corrupción (Transparencia Internacional, 2015). De igual manera, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico –OCDE- señaló en 2015 que los avances globales para combatir el soborno transnacional fueron mínimos. Y en el caso colombiano, insuficientes o de nula aplicación, por lo que recomendaron: Aumentar el conocimiento del sector corporativo sobre medidas anticorrupción aplicables a los negocios (leyes, regulaciones y directrices). Implementar iniciativas en el sector privado que articulen valores, políticas y procedimientos de conformidad con los Principios Empresariales para contrarrestar el Soborno (Transparencia Internacional, 2013), a fin de prevenirlo en todas las actividades empresariales. Mejorar la recolección y análisis de las estadísticas relativas a la aplicación de la Convención. El Observatorio Anticorrupción de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, debería utilizar la información de la que dispone para contribuir a una mejor comprensión del fenómeno de la corrupción en el país. Mejorar e implementar una protección reforzada para los denunciantes, y mejorar el acceso a la información y los canales de denuncias para los ciudadanos. Establecer un marco jurídico sólido que proporcione protección para los denunciantes que informan sobre posibles casos de soborno transnacional (OCDE, 2015, p. 10). Otro organismo que evaluó recientemente el desempeño de Colombia en la lucha contra la corrupción fue la Organización de las Naciones Unidas –ONU- que, a través del Grupo de Examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, expresó como logros la aplicación de sanciones y la ampliación de los plazos de prescripción para los delitos de corrupción, la anulación de contratos por actos de corrupción y la cooperación con el sector privado. Sin embargo, mostró preocupación por los pocos avances logrados en materia de penas más fuertes, el alcance de delitos asociados al lavado de dinero, tipificación de otros delitos de corrupción, destitución y extradición de funcionarios, entre otros (ONU, 2014). También la Organización de Estados Americanos –OEA- le recomendó a Colombia en 2013, luego de la Cuarta Ronda de Evaluación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, i) mejorar las condiciones de investigación y sanción de las conductas delictivas asociadas a la corrupción, ii) mejorar la articulación de las entidades encargadas de luchar contra esta para que compartan información, iii) crear la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, iv) mejorar las acciones de coordinación institucional en el marco de la Comisión Nacional de Moralización, entre otras. En este sentido, los análisis de la Corporación Transparencia por Colombia –TPC- (2015a), expresan que los países que ocupan las primeras posiciones del IPC, presentan las siguientes características: altos niveles de libertad de prensa, acceso a información sobre el presupuesto público (incluye información de procedencia del dinero y tipo de gasto), altos niveles de integridad entre quienes ocupan cargos públicos, órganos de control técnicos e independientes, y un poder judicial efectivo e independiente (TPC, 2015a). Estas características se inscriben dentro de las propuestas por Pope (2000): i) Legislatura electa portaestandarte de la lucha contra la corrupción y exigente ante la responsabilidad del Ejecutivo; ii) Ejecutivo que se caracterice por su integridad; iii) Poder judicial independiente; iv) Auditor general que actúa en representación de los ciudadanos y que no debe ser nombrado por el partido en el gobierno; v) Fiscal, libre de interferencias políticas, que reciba e investigue quejas sobre mala administración pública; vi) Agencias anticorrupción independientes, especializadas, con recursos y personal suficientes; vii) Servicio público al servicio del público, que sea imparcial, honesto y de carrera; viii) Gobierno local, donde los efectos de la corrupción son más visibles para el ciudadano común; ix) Medios de comunicación libres e independientes; x) Sociedad civil; xi) Sector privado corporativo y; xii) Actores y mecanismos internacionales. Ahora bien, Colombia y la mayoría de países de América Latina adolecen de estas características, “los niveles de corrupción son altos comparados con los de otras regiones en desarrollo” (Szelubski, 2009, p. 50). De ahí que este autor relacione la corrupción con los problemas democráticos de América Latina, indicando que estos tienen fundamento en el presidencialismo y la volatilidad de los partidos políticos. Además, plantea que “el déficit de la democratización es consecuencia de otros dos déficit: el de la ética pública y el de la equidad”. El problema de la corrupción en América Latina no proviene de la falta de leyes sino de su escasa aplicación, lo cual queda también reflejado en una inexistencia de controles a la corrupción (Szelubski, 2009, p. 48-50). Este autor finaliza su análisis indicando que son tres los factores que favorecen la corrupción en América Latina: 1) falta de delimitación de lo público y lo privado, 2) ordenamiento jurídico e institucional inadecuado a la realidad y 3) inoperancia de las instituciones. Aunque la corrupción es considerada como fenómeno multicausal, los estudios sistemáticos de Transparencia Internacional demuestran una relación entre este fenómeno y la débil institucionalidad de los países. Para el caso colombiano, esta debilidad institucional se caracterizaría por: mecanismos de control insuficientes, normatividad con poca capacidad vinculante, cultura política y de gestión asociada a hechos de corrupción, desinterés por acatar normas o acuerdos internacionales frente al tema, fuerte vinculación histórica entre clases políticas, gremios económicos, administración pública y grupos ilegales, además de la cultura del narcotráfico que permeó las estructuras e instituciones del poder público.Maestrí